Las medidas de gobierno de Néstor y Cristina

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lunes, 3 de enero de 2011

Calumnias e injurias. Los periodistas tienen hoy mayor libertad que nunca

El gobierno nacional dio un importante paso para garantizar la libertad de ejercer su profesión a los periodistas, al suprimir los delitos de calumnias e injurias del Código Penal. El antiguo reclamo periodístico, al concretarse, puso fin a un arma muy usada por los poderosos para intimidar y acallar a quien podría denunciarlos ante la opinión pública. Conviene recordar que la presión jurídica constante (aún sin estar basada en argumentos ciertos), obliga a defenderse en sede judicial con los altos costos que ello implica. Algo accesible para las grandes empresas periodísticas, pero no para los pequeños medios o los periodistas que no cuentan con el respaldo de los medios hegemónicos.
A continuación, una síntesis  cronológica y argumentativa de la aprobación de esta medida:

(La Nación: Sábado 12 de setiembre de 2009)
La Presidenta propone eliminar los delitos de calumnias e injurias
La presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de ley para suprimir los delitos de calumnias e injurias del Código Penal.
La derogación es un viejo reclamo de las asociaciones periodísticas y permitirá cumplir con un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el año pasado le advirtió a la Argentina que estos delitos, tal como están redactados, atentaban contra la libertad de expresión, ya que se podía castigar con penas de prisión a un periodista por lo que escribiera.
Pocas veces las causas abiertas por estos delitos terminan en condena, pero el peligro es que funcionen como una herramienta de intimidación. De acuerdo con las estadísticas de la Dirección Nacional de Política Criminal, del Ministerio de Justicia, en 2007, se registraron en todo el país "624 hechos delictuosos" y sólo 23 condenas, que, en general, son multas o prisiones en suspenso.
Una sentencia de prisión en suspenso fue la que motivó el fallo de la CIDH contra la Argentina de mayo de 2008. Fue en el caso de Eduardo Kimel, condenado por haber criticado la actuación de un juez en un caso de crímenes de la última dictadura.
La comisión resolvió por unanimidad indemnizar a Kimel y dejar sin efecto la sentencia en su contra. Además, dijo que la Argentina debía adecuar en un plazo razonable su derecho para que no se viera afectada la libertad de expresión.
La Presidenta anunció que defenderá "la libertad para poder decir lo que uno quiera y piensa, aun cuando sea mentira". Y afirmó: "Yo prefiero mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien".
Calumnias
El artículo 109 del Código Penal define esta figura como la "falsa imputación de un delito". Se castiga con penas de uno a tres años de prisión. No suele haber condenas.
Injurias
Según el artículo 110 del Código, comete injuria el que "deshonra o desacredita" a alguien. Se castiga con pena de multa.
El cambio propuesto
Quien se sienta perjudicado por dichos de otro sólo podrá reclamar resarcimiento económico.

(La Nación: Miércoles 28 de octubre de 2009)
Diputados aprobó la despenalización de calumnias e injurias
Con 154 votos a favor y 12 en contra, la Cámara de Diputados aprobó esta noche el proyecto impulsado por el Gobierno que elimina la figura de calumnias e injurias como delito penal.
"Dudo que haya habido otra etapa en la vida institucional del país donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar a mí", aseguró la presidenta Cristina Kirchner cuando presentó el proyecto, el pasado 11 de septiembre.

CODIGO PENAL
Ley 26.551
Modificación.
Sancionada: Noviembre 18 de 2009
Promulgada: Noviembre 26 de 2009
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 109 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 109: La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) a pesos treinta mil ($ 30.000.-). En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.

(Comentario: En primer lugar, se reconoció expresamente que las personas jurídicas no tienen honor.
Por otra parte, se le otorgó mayor precisión al tipo penal, al establecer que el delito imputado falsamente a otro debe ser concreto y circunstanciado. Se incorporó así, de modo expreso, la elaboración jurisprudencial sobre el tema. En efecto, la imputación, para ser considerada calumnia, debe ser expresa, determinada, concreta y circunstanciada, esto es, constitutiva de todas las circunstancias (de modo, tiempo y lugar) que sirvan para determinar el delito en el caso concreto.
Se suprimió la pena de prisión por la de multa así como también se despenalizaron totalmente las expresiones sobre asuntos de interés público o las que no sean asertivas.)
ARTICULO 2º — Sustitúyese el artículo 110 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 110: El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1.500.-) a pesos veinte mil ($ 20.000.-). En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público.

(Comentario: Como en el artículo anterior, la reforma legal le ha otorgado mayor precisión al sujeto pasivo del delito, que debe tratarse de una persona física determinada.
Al igual que en las calumnias, también se han despenalizado en forma absoluta las expresiones sobre asuntos de interés público o las que no sean asertivas.
Merece destacarse la incorporación efectuada en el segundo párrafo. Quedan comprendidos dentro del concepto de interés público los calificativos lesivos del honor. De este modo, cabe colegir que la protección alcanza a los simples insultos y expresiones lacerantes, siempre que guarden relación con un tema de interés público.)
ARTICULO 3º — Sustitúyese el artículo 111 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 111: El acusado de injuria, en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación salvo en los casos siguientes:
1) Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal.
2) Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.
En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena.

(Comentario: La reforma suprimió el primer inciso del artículo que, en la redacción anterior, se refería al supuesto de si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar el interés público, pues esto ha quedado ya excluido de responsabilidad penal.
Luego, se mantiene la antigua redacción. En el caso del segundo inciso, el legislador ha tenido en mente un proceso penal que no revista interés público, pues de lo contrario ya estaría comprendido en la excepción general. De todos modos, bien puede sostenerse que siempre que exista un proceso penal el interés público está comprometido.
El segundo inciso contempla la exceptio veritatis, o prueba de la verdad, ya existente en la anterior redacción.)
ARTICULO 4º — Derógase el artículo 112 del Código Penal de la Nación.

(Comentario: Se eliminaron las injurias encubiertas o equívocas. Pese a que pocas veces se utilizaron estas figuras en la práctica de nuestros tribunales, debe considerarse un acierto su supresión por tratarse de tipos penales sumamente vagos e imprecisos).

ARTICULO 5º — Sustitúyese el artículo 113 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 113: El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.

(Comentario: Esta norma regula la responsabilidad penal por la reproducción del dicho de otro. En esta oportunidad, una vez más, el legislador tomó la elaboración de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia.
Como se señaló anteriormente, en el citado caso "Campillay",
el Alto Tribunal sentó las bases que permitirían excusar la responsabilidad del periodista: a) atribución del contenido a la fuente; b) utilización de un verbo potencial; c) mantener en reserva la identidad del involucrado.
Posteriormente, al resolver otros casos, fue precisando los alcances de esta doctrina. En el caso "Granada"
sostuvo que la atribución a la fuente debía ser sincera y en "Triacca" exigió la atribución directa de la noticia a una fuente identificable y la transcripción en forma sustancialmente fiel a lo manifestado por aquélla.)
ARTICULO 6º — Sustitúyese el artículo 117 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 117: El acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. La retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad.

(Comentario: En la anterior redacción, la retractación tenía el carácter de excusa absolutoria —causa de exclusión de la punibilidad— por lo cual presuponía un delito cometido: el contenido subjetivo de esa excusa era, precisamente, el que corresponde a la figura del arrepentimiento activo. Por ello, la acción era típica, antijurídica y culpable.
No resulta tan claro ahora establecer la naturaleza de la exención de punibilidad. Ya no puede predicarse que se trata de una excusa absolutoria, como sostenía la doctrina, pues esta causal supone un injusto culpable. A primera vista, parecería que se trata de una causal de extinción de la acción penal, similar a la prescripción. El Estado renuncia a la persecución penal, por alguna razón de política criminal.
La ausencia de culpabilidad del hecho que dio origen a la retractación traerá aparejada consecuencias prácticas beneficiosas. Por un lado, incentivará la retractación en los casos de calumnias e injurias (esto ha sido poco común hasta ahora, precisamente, porque implicaba la aceptación de culpabilidad del querellado) y por el otro, trasladará al ámbito del derecho civil la discusión sobre la existencia o no del hecho lesivo y la responsabilidad del autor.)

ARTICULO 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.551 —
JOSE J. B. PAMPURO. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

viernes, 10 de diciembre de 2010

¿A quién sirve Papel Prensa S.A.?

Una importante medida que tomó el gobierno nacional, fue impulsar la investigación sobre el origen y la apropiación de la empresa Papel Prensa, con la participación de tres grandes empresas dueñas de medios (Clarín, Nación y La Razón) en un acuerdo con la dictadura militar de 1976-1983. Después de múltiples denuncias que quedaron en el olvido, desde 1983 hasta estos días, por fin el Estado envió una investigación detallada e inició una causa penal. Ahora la Justicia puede avanzar sobre un tema tan importante para la verdadera libertad de expresión y de información.
Junto con ello, se envió un proyecto al parlamento para declarar de interés nacional la fabricación de papel para diarios.

Antecedentes
Durante la década del ’60 se debatía en el país la posibilidad de producir el papel para diarios, que hasta entonces se importaba.
La oportunidad se dio a partir del cimbronazo sufrido por la dictadura de Onganía con la rebelión conocida como “El Cordobazo”, que significó un reacomodamiento que llevó al Ministerio de Economía al neo desarrollista José Dagnino Pastore, con la idea de desarrollar las industrias básicas. El plan, que dado a conocer en agosto de 1969, señalaba que el Estado “apoyará financieramente a aquellas empresas nacionales que solicitaren su colaboración” (Clarín 9/8/69), incluía la creación de una fábrica de papel.
Ese mismo mes el gobierno propone crear un fondo para la creación de la planta con un impuesto del 10% a las importaciones de papel y el apoyo del Estado en financiamiento y garantías. Tuvo la oposición de los importadores y de Adepa. Unos porque no querían perder el negocio y otros porque no aceptaban la participación del Estado.
El proyecto queda en eso, mientras pasan Onganía y Levingston y asume Lanusse en 1971, mientras Aldo Ferrer era ministro de economía por unos meses. Se hablaba de “nacionalizar” la economía, y en ese clima se llama a licitación para la instalación de una planta de papel.
Finalmente, en 1972 el gobierno autoriza  a Papel Prensa SA (donde estaba César Cívita y Editorial Abril, p.41) con una inversión de 62 millones de dólares y una producción anual estimada de 100.000 toneladas. En diciembre de 1973 (según Gasparini con la presión del entonces ministro de economía de Perón, José Ber Gelbard, según otros por decisión de irse al Brasil ante la caída de Lanusse), Civita y Editorial Abril  venden las acciones (p.22), que quedan en un 26% en manos del joven y poderoso empresario, David Graiver, el 25% del Estado y el 49% restante en manos de 30.000 accionistas particulares. Graiver siguió comprando acciones, hasta que en 1975, su origen judío y su presunta vinculación financiera con Montoneros, lo ponen en la mira de la Triple A, por lo que decide irse a EE.UU., donde muere el 6 de agosto de 1976 en un confuso accidente de aviación.
Es en 1970 cuando una dictadura obliga a todas las publicaciones del país a pagar un 10% sobre sus compras de papel importado (el único), para aportar a Papel Prensa. A partir de 1976, otra dictadura subió el impuesto al 40%.
Allí aparecen los diarios La Nación, La Razón y Clarín “comprando” las acciones de Graiver.

A partir de 1977 los tres diarios y la dictadura se erigen en dueños del papel, y Videla, mostrando su “lado bueno” (que por entonces algunos le encontraban), le pide a sus socios que abrieran el juego a los demás diarios del país, ofreciéndoles el 49% de las acciones.
Conviene recordar que otro diario, Crónica (el de mayor tirada de la época), no fue incluido en el limpio negocio  por ser peronista; y que otro, “La Prensa” (uno de los más antiguos y que fuera cerrado por el primer gobierno de Perón), no quiso entrar por razones “éticas”.
Volviendo al punto de la participación de los diarios del interior, los señores Herrera, Magnetto, Mitre, Saguier, Peralta Ramos decidieron que debían ser los únicos en manejar el “transparente negocio”.
Papel Prensa S.A. se inauguró el 27 de septiembre de 1978 en la localidad de San Pedro (Pcia. De Bs. As.) con los cuatro socios como dueños casi absolutos.

Cuestionamientos del fiscal
Ya en 1984, el Fiscal General de la Nación, Ricardo Molinas, nombrado por Alfonsin por su idoneidad y por no pertenecer a su partido, investiga el traspaso, que entonces se denunciaba como fraudulento. En su dictamen señalaba que la Justicia debería investigar y acusar al gobierno militar, y nombra a Videla y a Martínez de Hoz como posibles autores de delitos.
Había varias cosas que no le cerraban:
La venta de las acciones se produce por un valor muy inferior al que determinaba el mercado.
El pago del valor no es recibido por los anteriores dueños porque al momento de cobrar estaban detenidos-desaparecidos.
David Graiver sufre un extraño accidente en México.
El apoderado de Graiver, Jorge Rubinstein, muere en la mesa de tortura (p.26).
Los padres de Graiver y su viuda, Lidia Papaleo, son torturados y encerrados durante años.

En los días en que se negociaba la venta de acciones, los editoriales de Clarín y La Nación reclamaban a la dictadura que los Graiver fueran investigados, por la propia dictadura, por supuestos delitos económicos.  Mientras tanto, seguían “negociando” la venta de acciones con los mismos que acusaban.
Después de su liberación, la viuda de Graiver declaró ante la justicia que fue presionada con la muerte de ella y de su hija para que vendiera las acciones.

Más cuestionamientos
Los tres diarios se quedan con el aporte obligado que durante años realizaron todos los diarios del país, y vale recordar que esos diarios son de Capital, ya que el 90% de la venta de diarios en el interior va dirigida a los medios que se editan en las provincias.
Los aportes a Papel Prensa S.A. se realizan con créditos del Banco Nacional de Desarrollo, garantizados por el propio Estado (la dictadura de entonces).
La propia Lidia Papaleo, al igual que Iannover declaran luego que tuvieron que firmar sin leer y nunca supieron a cuanto habían vendido.
El aporte por la compra de acciones nunca se concreta y el anticipo depositado judicialmente es retirado años después por los tres diarios.
El precio fijado para la transferencia era de 996.000 dólares (p.47), mientras que la inversión de Graiver entre 1972 y 1976 se calcula en 15 millones. La seña que pagan los diarios a Graiver es de ¡7.000 dólares!
La venta, cuestionada por Molinas, no era legal porque el juez de menores (la heredera era la hija de Graiver de sólo dos años en 1977) no avala la operación.

Precisiones
La investigación del fiscal Molinas no avanza y finalmente renuncia. A la salida de Alfonsín, Menem le cede a Clarín radio Mitre y canal 13.
Hoy Papel Prensa SA es de Clarín (49% de las acciones luego de la compra de La Razón –quiebra mediante- en una operación cuestionada y pendiente de investigación), de La Nación (23%) y el Estado Nacional (todos los ciudadanos) con un28% (cifras aproximadas).
El pago que realizan los diarios proviene de un préstamo gestionado por el Estado Nacional sin intereses.
La empresa recibe beneficios impositivos reducción en los servicios hasta el día de hoy.
El control del Estado fue inexistente hasta hace poco, y ante el intento actual, los socios particulares de la empresa acusan al Estado de interferir en la libertad de prensa, a pesar de su obligación de defender los intereses de los ciudadanos a los que representa.
El cupo de entrega de papel y su precio dependen hoy de la voluntad de Clarín y Nación, de acuerdo a las denuncias efectuadas por los medios del interior del país -Diarios y Periódicos Regionales de la República Argentina (DyPRA)- . “Entre los años 2005 y 2008 hizo funcionar a un 85 por ciento promedio la capacidad instalada de la empresa papelera, bajándola al 79 por ciento en el año 2009, con lo que redujo en 9.000 toneladas el stock de papel para diario, obligando ese año a subir 16 por ciento la importación del insumo”. (109)
El mercado consume 266.000 toneladas anuales y la capacidad productiva de la empresa es de alrededor de 200.000.
El 71 por ciento del papel de diario vendido por la empresa durante los últimos seis años fue para Clarín y La Nación.

Conclusiones
Gracias a la política de venderse a ellos mismos a menos del costo (de acuerdo a las últimas denuncias) y a aumentar  los precios a sus competidores, pueden seguir dominando el mercado.
 De esa manera Clarín (por ejemplo), consiguió superar en tirada a Crónica y relegarlo en el mercado desde 1976 hasta hoy, y comprar otros competidores (como La Razón) y otros diarios del interior (como La voz del interior y Los Andes en sociedad con La Nación).

¿Podría haberse realizado una operación como la de Papel Prensa sin la existencia de una dictadura totalitaria?
¿Podría haber subsistido la dictadura sin el apoyo y el aval de los principales medios de presna, sus socios comerciales?
¿La apropiación de Papel Prensa no constituye un delito que sigue cometiéndose aún en estos días?
¿No sería oportuno que la Justicia investigara estos hechos hasta sus últimas consecuencias?

El máximo directivo de Clarín Héctor Magnetto fue claro al afirmar: “el que tiene el papel maneja la información”. Por eso, todos los poderes de la nación deben actuar para garantizar el ejercicio de la libertad de informarse con pluralidad para todos los ciudadanos.
Hoy el gobierno nacional tomo en sus manos estas cuestiones, denunció ante la Justicia estas maniobras monopólicas que incluyen presuntos delitos de lesa humanidad, elevó al Congreso un proyecto para declarar de interés público la fabricación y distribución del papel para periódicos, ahora le corresponde a esos poderes tomar en sus manos la defensa de la libertad de expresión y de información para todos los habitantes de la Argentina.

Sobre estos temas, además de la investigación del fiscal Ricardo Molinas, existen varios libros que encaran o se refieren al tema:
Cecchini y Mancinelli: Silencio por sangre.
Juan Gasparini : David Graiver el banquero de los montoneros.
Julio Ramos: Cerrojos a la prensa
Pablo Llonto: La noble Ernestina
Abrasha Rotemberg: Historia confidencial
María Seoane, Vicente Muleiro: El Dictador
Informe del gobierno: Papel Prensa “La verdad”