Una importante medida que tomó el gobierno nacional, fue impulsar la investigación sobre el origen y la apropiación de la empresa Papel Prensa, con la participación de tres grandes empresas dueñas de medios (Clarín, Nación y La Razón) en un acuerdo con la dictadura militar de 1976-1983. Después de múltiples denuncias que quedaron en el olvido, desde 1983 hasta estos días, por fin el Estado envió una investigación detallada e inició una causa penal. Ahora la Justicia puede avanzar sobre un tema tan importante para la verdadera libertad de expresión y de información.
Junto con ello, se envió un proyecto al parlamento para declarar de interés nacional la fabricación de papel para diarios.
Antecedentes
Durante la década del ’60 se debatía en el país la posibilidad de producir el papel para diarios, que hasta entonces se importaba.
La oportunidad se dio a partir del cimbronazo sufrido por la dictadura de Onganía con la rebelión conocida como “El Cordobazo”, que significó un reacomodamiento que llevó al Ministerio de Economía al neo desarrollista José Dagnino Pastore, con la idea de desarrollar las industrias básicas. El plan, que dado a conocer en agosto de 1969, señalaba que el Estado “apoyará financieramente a aquellas empresas nacionales que solicitaren su colaboración” (Clarín 9/8/69), incluía la creación de una fábrica de papel.
Ese mismo mes el gobierno propone crear un fondo para la creación de la planta con un impuesto del 10% a las importaciones de papel y el apoyo del Estado en financiamiento y garantías. Tuvo la oposición de los importadores y de Adepa. Unos porque no querían perder el negocio y otros porque no aceptaban la participación del Estado.
El proyecto queda en eso, mientras pasan Onganía y Levingston y asume Lanusse en 1971, mientras Aldo Ferrer era ministro de economía por unos meses. Se hablaba de “nacionalizar” la economía, y en ese clima se llama a licitación para la instalación de una planta de papel.
Finalmente, en 1972 el gobierno autoriza a Papel Prensa SA (donde estaba César Cívita y Editorial Abril, p.41) con una inversión de 62 millones de dólares y una producción anual estimada de 100.000 toneladas. En diciembre de 1973 (según Gasparini con la presión del entonces ministro de economía de Perón, José Ber Gelbard, según otros por decisión de irse al Brasil ante la caída de Lanusse), Civita y Editorial Abril venden las acciones (p.22), que quedan en un 26% en manos del joven y poderoso empresario, David Graiver, el 25% del Estado y el 49% restante en manos de 30.000 accionistas particulares. Graiver siguió comprando acciones, hasta que en 1975, su origen judío y su presunta vinculación financiera con Montoneros, lo ponen en la mira de la Triple A, por lo que decide irse a EE.UU., donde muere el 6 de agosto de 1976 en un confuso accidente de aviación.
Es en 1970 cuando una dictadura obliga a todas las publicaciones del país a pagar un 10% sobre sus compras de papel importado (el único), para aportar a Papel Prensa. A partir de 1976, otra dictadura subió el impuesto al 40%.
Allí aparecen los diarios La Nación, La Razón y Clarín “comprando” las acciones de Graiver.
A partir de 1977 los tres diarios y la dictadura se erigen en dueños del papel, y Videla, mostrando su “lado bueno” (que por entonces algunos le encontraban), le pide a sus socios que abrieran el juego a los demás diarios del país, ofreciéndoles el 49% de las acciones.
Conviene recordar que otro diario, Crónica (el de mayor tirada de la época), no fue incluido en el limpio negocio por ser peronista; y que otro, “La Prensa” (uno de los más antiguos y que fuera cerrado por el primer gobierno de Perón), no quiso entrar por razones “éticas”.
Volviendo al punto de la participación de los diarios del interior, los señores Herrera, Magnetto, Mitre, Saguier, Peralta Ramos decidieron que debían ser los únicos en manejar el “transparente negocio”.
Papel Prensa S.A. se inauguró el 27 de septiembre de 1978 en la localidad de San Pedro (Pcia. De Bs. As.) con los cuatro socios como dueños casi absolutos.
Cuestionamientos del fiscal
Ya en 1984, el Fiscal General de la Nación, Ricardo Molinas, nombrado por Alfonsin por su idoneidad y por no pertenecer a su partido, investiga el traspaso, que entonces se denunciaba como fraudulento. En su dictamen señalaba que la Justicia debería investigar y acusar al gobierno militar, y nombra a Videla y a Martínez de Hoz como posibles autores de delitos.
Había varias cosas que no le cerraban:
La venta de las acciones se produce por un valor muy inferior al que determinaba el mercado.
El pago del valor no es recibido por los anteriores dueños porque al momento de cobrar estaban detenidos-desaparecidos.
David Graiver sufre un extraño accidente en México.
El apoderado de Graiver, Jorge Rubinstein, muere en la mesa de tortura (p.26).
Los padres de Graiver y su viuda, Lidia Papaleo, son torturados y encerrados durante años.
En los días en que se negociaba la venta de acciones, los editoriales de Clarín y La Nación reclamaban a la dictadura que los Graiver fueran investigados, por la propia dictadura, por supuestos delitos económicos. Mientras tanto, seguían “negociando” la venta de acciones con los mismos que acusaban.
Después de su liberación, la viuda de Graiver declaró ante la justicia que fue presionada con la muerte de ella y de su hija para que vendiera las acciones.
Más cuestionamientos
Los tres diarios se quedan con el aporte obligado que durante años realizaron todos los diarios del país, y vale recordar que esos diarios son de Capital, ya que el 90% de la venta de diarios en el interior va dirigida a los medios que se editan en las provincias.
Los aportes a Papel Prensa S.A. se realizan con créditos del Banco Nacional de Desarrollo, garantizados por el propio Estado (la dictadura de entonces).
La propia Lidia Papaleo, al igual que Iannover declaran luego que tuvieron que firmar sin leer y nunca supieron a cuanto habían vendido.
El aporte por la compra de acciones nunca se concreta y el anticipo depositado judicialmente es retirado años después por los tres diarios.
El precio fijado para la transferencia era de 996.000 dólares (p.47), mientras que la inversión de Graiver entre 1972 y 1976 se calcula en 15 millones. La seña que pagan los diarios a Graiver es de ¡7.000 dólares!
La venta, cuestionada por Molinas, no era legal porque el juez de menores (la heredera era la hija de Graiver de sólo dos años en 1977) no avala la operación.
Precisiones
La investigación del fiscal Molinas no avanza y finalmente renuncia. A la salida de Alfonsín, Menem le cede a Clarín radio Mitre y canal 13.
Hoy Papel Prensa SA es de Clarín (49% de las acciones luego de la compra de La Razón –quiebra mediante- en una operación cuestionada y pendiente de investigación), de La Nación (23%) y el Estado Nacional (todos los ciudadanos) con un28% (cifras aproximadas).
El pago que realizan los diarios proviene de un préstamo gestionado por el Estado Nacional sin intereses.
La empresa recibe beneficios impositivos reducción en los servicios hasta el día de hoy.
El control del Estado fue inexistente hasta hace poco, y ante el intento actual, los socios particulares de la empresa acusan al Estado de interferir en la libertad de prensa, a pesar de su obligación de defender los intereses de los ciudadanos a los que representa.
El cupo de entrega de papel y su precio dependen hoy de la voluntad de Clarín y Nación, de acuerdo a las denuncias efectuadas por los medios del interior del país -Diarios y Periódicos Regionales de la República Argentina (DyPRA)- . “Entre los años 2005 y 2008 hizo funcionar a un 85 por ciento promedio la capacidad instalada de la empresa papelera, bajándola al 79 por ciento en el año 2009, con lo que redujo en 9.000 toneladas el stock de papel para diario, obligando ese año a subir 16 por ciento la importación del insumo”. (109)
El mercado consume 266.000 toneladas anuales y la capacidad productiva de la empresa es de alrededor de 200.000.
El 71 por ciento del papel de diario vendido por la empresa durante los últimos seis años fue para Clarín y La Nación.
Conclusiones
Gracias a la política de venderse a ellos mismos a menos del costo (de acuerdo a las últimas denuncias) y a aumentar los precios a sus competidores, pueden seguir dominando el mercado.
De esa manera Clarín (por ejemplo), consiguió superar en tirada a Crónica y relegarlo en el mercado desde 1976 hasta hoy, y comprar otros competidores (como La Razón) y otros diarios del interior (como La voz del interior y Los Andes en sociedad con La Nación).
¿Podría haberse realizado una operación como la de Papel Prensa sin la existencia de una dictadura totalitaria?
¿Podría haber subsistido la dictadura sin el apoyo y el aval de los principales medios de presna, sus socios comerciales?
¿La apropiación de Papel Prensa no constituye un delito que sigue cometiéndose aún en estos días?
¿No sería oportuno que la Justicia investigara estos hechos hasta sus últimas consecuencias?
El máximo directivo de Clarín Héctor Magnetto fue claro al afirmar: “el que tiene el papel maneja la información”. Por eso, todos los poderes de la nación deben actuar para garantizar el ejercicio de la libertad de informarse con pluralidad para todos los ciudadanos.
Hoy el gobierno nacional tomo en sus manos estas cuestiones, denunció ante la Justicia estas maniobras monopólicas que incluyen presuntos delitos de lesa humanidad, elevó al Congreso un proyecto para declarar de interés público la fabricación y distribución del papel para periódicos, ahora le corresponde a esos poderes tomar en sus manos la defensa de la libertad de expresión y de información para todos los habitantes de la Argentina.
Sobre estos temas, además de la investigación del fiscal Ricardo Molinas, existen varios libros que encaran o se refieren al tema:
Cecchini y Mancinelli: Silencio por sangre.
Juan Gasparini : David Graiver el banquero de los montoneros.
Julio Ramos: Cerrojos a la prensa
Pablo Llonto: La noble Ernestina
Abrasha Rotemberg: Historia confidencial
María Seoane, Vicente Muleiro: El Dictador
Informe del gobierno: Papel Prensa “La verdad”
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